A continuación, reproducimos un editorial que refleja la opinión del Gobierno de Estados Unidos, y que fue publicado originalmente con el título Taliban Regime Violates Human Rights

El régimen talibán en Afganistán cometió graves violaciones de los derechos humanos durante 2024, según un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe concluyó que “se produjo un deterioro significativo en el respeto a los derechos de las mujeres debido a edictos que restringieron aún más el acceso a la educación, el empleo y la libertad de movimiento de mujeres y niñas, eliminándolas de los espacios públicos”.

El 21 de agosto de 2024, la publicación de la llamada ley de moralidad codificó muchos edictos anteriores e impuso severas restricciones a la vida privada de todos los afganos, especialmente de las mujeres y las niñas.

Los talibanes instituyeron estas "leyes" basándose en su interpretación del islam, lo que vulnera gravemente la libertad de religión o creencias y proscribe de hecho otras interpretaciones del islam y la práctica islámica, así como la práctica de otras religiones.

Los talibanes no pretendieron modificar formalmente las leyes promulgadas antes de agosto de 2021; sin embargo, promulgaron "leyes" y edictos que contradecían las leyes vigentes y eran incompatibles con las obligaciones y compromisos del país en virtud del derecho internacional.

Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes fidedignos de ejecuciones arbitrarias o ilegales; desapariciones; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; abusos graves en un conflicto; reclutamiento o utilización ilegal de niños por parte de los talibanes en conflictos armados; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluyendo violencia o amenazas de violencia contra periodistas y censura; restricciones a la libertad religiosa; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y la significativa presencia de las peores formas de trabajo infantil.

Hubo un desprecio generalizado por el Estado de derecho y la impunidad oficial para los responsables de abusos contra los derechos humanos.

Según informes, los talibanes y el Estado Islámico de Jorasán (ISIS-K), activo en Afganistán y el sur de Asia, participaron por separado en el reclutamiento de menores.

Grupos armados amenazaron, robaron, secuestraron y atacaron a extranjeros, personal médico y de organizaciones no gubernamentales, y a otros civiles.

Se informó que miembros del Talibán asesinaron a personas en represalia por su asociación con el gobierno anterior a agosto de 2021.

El Talibán restringió selectivamente el acceso a internet y bloqueó sitios web. No existe privacidad en las comunicaciones debido a la vigilancia talibán.

Según informes de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), medios de comunicación y otras fuentes, el Talibán implementó apagones o graves interrupciones del servicio de internet en lugares de disidencia activa y tras períodos de discordia política entre la población.

Hubo numerosos informes de que el Talibán sometió a periodistas a violencia, acoso e intimidación. Las amenazas de detención y la violencia contra periodistas llevaron al cierre de varios medios de comunicación y a la salida de varios periodistas.

La UNAMA informó que los castigos aplicados por los talibanes incluyeron palizas, azotes y ejecuciones.

Estados Unidos condena enérgicamente al régimen talibán por sus violaciones de los derechos humanos fundamentales y apoya al pueblo de Afganistán en su lucha por la dignidad, la democracia y la libertad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía de Fernando Adrián Moio Bartolini, un argentino que durante más de una década vivió como ciudadano estadounidense tras haberse hecho pasar por cubano.

Según la acusación, Bartolini ingresó a Estados Unidos en el año 2000 bajo el Programa de Exención de Visas para ciudadanos argentinos. Posteriormente compró en Miami Lakes, por unos 5.000 dólares, un acta de nacimiento y un pasaporte cubano falso.

Con esos documentos se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, que permite a los nacionales de la Isla obtener la residencia permanente al año y un día. En 2007 USCIS le otorgó la residencia permanente con efecto retroactivo al 29 de abril de 2004.

Dos años después, se naturalizó como ciudadano estadounidense, siempre bajo la identidad falsa de cubano.

Más de una década para afrontar las consecuencias

El fraude se descubrió en 2013, cuando intentaba entrar al país por el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Medellín, Colombia.

Un oficial de aduanas notó su acentuado tono argentino y lo sometió a un interrogatorio. Bartolini terminó confesando que había utilizado documentos falsos y que había mentido en cada entrevista con las autoridades migratorias.

Ahora, más de una década después, el gobierno federal busca despojarlo de la ciudadanía en medio del impulso de la administración de Donald Trump contra irregularidades en los procesos migratorios en Estados Unidos.

Si el tribunal en Orlando falla en su contra, Bartolini, de 50 años y residente de Windermere, perderá el pasaporte estadounidense y quedará expuesto a la deportación a Argentina.

Más rigor para la Ley de Ajuste Cubano

Recientemente la fiscal general Pam Bondi anunció la desarticulación de una red de 12 personas arrestadas por su presunta participación en un esquema de tráfico humano y fraude de asilo cubanos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados operaban en el sur de Florida y brindaban orientación a cubanos para evadir controles fronterizos —por ejemplo, enseñarles a declarar como turista, ocultar su origen y evitar llamar la atención de agentes migratorios una vez dentro del país.

El monto estimado involucrado en este esquema asciende a 18 millones de dólares, captados por los traficantes a través de los pagos de los migrantes, quienes les entregaban decenas de miles de dólares cada uno por sus servicios.

Como intolerable calificaron vecinos de varios municipios matanceros, el cronograma de apagones impuesto por las autoridades desde hace varios meses.

A la crisis energética debido a la falta de combustible, la obsolescencia de las centrales termoeléctricas, la escasez de divisas y un déficit de inversiones, se une el favoritismo y tratamiento preferencial a ciertas zonas donde viven los dirigentes, subrayaron en conversación con Martí Noticias, pobladores de Unión de Reyes, Limonar y Pedro Betancourt.

“Hay una desigual distribución de la energía en Matanzas, donde municipios como Unión de Reyes, Calimete, Jovellanos, Pedro Betancourt y Limonar registran afectaciones superiores a las 23 horas sin electricidad, en tanto en la capital provincial, los 'circuitos privilegiados' donde viven los dirigentes, “tienen un esquema muy favorable de seis horas de déficit con tres de servicio”, indicó Yanan Camaraza Medina, un residente de Unión de Reyes.

A los prolongados cortes eléctricos se le añade la carencia del suministro de agua solo alcanzable por medio de pipas.

“El agua depende del bombeo directo, al no existir energía eléctrica, no hay forma de bombearla. Eso trae como consecuencia que, supuestamente, se suministra en pipas que nunca aparecen o hay que pagarlas a precio descomunal y ahí empiezan los negocios, las especulaciones y las pipas rondan un promedio de 4.000, 5.000, incluso hasta 8.000 pesos en Moneda Nacional, cuando el salario promedio ronda los 6.000 pesos”.

El vecino denunció que los problemas con la electricidad y el agua devienen en otros más graves aún: la falta de higiene y la cantidad de basura por los vertederos acumulados ha traído como consecuencia la proliferación de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades virales como dengue, chikungunya y zika.

“En estos momentos en mi cuadra, de la calle Libertad, tenemos un total de 11 casos de dengue, pero hay bastante dengue en estos momentos en el municipio”, apuntó.

El unionense aseguró que ha presentado varias quejas ante funcionarios del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba, pero no han contestado.

Martí Noticias trató de obtener comentarios de la gobernadora Provincial Marieta Poey o el primer Secretario del PCC, Mario Sabines Lorenzo, pero ninguno de los dos respondió a nuestras llamadas.

Camaraza Medina, también envió su demanda al Consejo de Estado y de Ministros, que resolvió que el Gobierno provincial y la Unión Eléctrica dieran respuesta : “Dieron muchas justificaciones, muchas mentiras, pero el problema persiste y nada se ha resuelto”, recalcó.

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Una indagación de Martí Noticias entre pobladores de otros municipios de la provincia arrojó los mismos resultados.

“22 horas sin corriente hace meses”, dijo un vecino de Limonar. La misma respuesta obtuvimos en Pedro Betancourt.

“Aquí hay días que hay dos horas de corriente y desde octubre eso es a diario. A veces 30 horas seguidas sin electricidad”, explicó Carlos Velasco.

“Según yo oigo, el país le asigna a cada provincia una cantidad de megawatts y cada provincia tiene una sala de control que hace lo que le da la gana, beneficiando los circuitos donde hay hospitales, turismo. Los demás, no les importan. Por ejemplo, la zona donde vive el director de la sala de control se va menos que en otros lugares”, resaltó.

En una llamada al azar a Cidra respondió Julio Mirabal: “En Cidra no, porque está conectada con la base del oleoducto, la que bombea el petróleo crudo, no le pueden quitar la corriente. Se va para un momentico, 10 minutos, 15 minutos, una hora, pero enseguida la ponen otra vez. Pero yo visito Unión de Reyes, Sabanilla, Limonar y es todos los días dos horas de luz, nada más”.

En el Batey Babiney, donde conviven alrededor de cien personas, otro residente que no quiso ser identificado, señaló que, además de los apagones, falta desde hace dos años el suministro de agua.

“Llevamos mucho tiempo con eso y, donde vivo, hace alrededor de dos años que no llega el agua porque se rompió la turbina. Ahora que está lloviendo, tengo el agua mediante un compañero que hizo un pozo artesanal porque su hijo le mandó el dinero de Estados Unidos y es así que abastece todo el batey”, explicó.