A continuación, reproducimos un editorial que refleja la opinión del Gobierno de Estados Unidos, y que fue publicado originalmente con el título Serious Human Rights Abuses in China
Según el reciente Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado, durante 2024 continuaron en China graves abusos de derechos humanos.
“Durante el año, se produjeron genocidios y crímenes de lesa humanidad en China contra la población uigur, predominantemente musulmana, y miembros de otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang”, afirma el informe.
“Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes fidedignos de: ejecuciones arbitrarias o ilegales; desapariciones; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; prácticas médicas o psicológicas involuntarias o coercitivas; arrestos y detenciones arbitrarias por parte del gobierno, incluyendo, desde 2017, la de más de un millón de uigures y miembros de otras minorías, predominantemente musulmanas, en campos de internamiento extrajudicial y prisiones, y un número adicional desconocido sometido a programas de reeducación diurnos”, precisa el informe.
El Departamento de Estado también señaló “actos de represión transnacional contra personas en otros países; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo detenciones injustificadas y procesamientos penales de periodistas, abogados, escritores, blogueros, disidentes, peticionarios y otros, y restricciones a la libertad en Internet”.
El régimen comunista chino fue responsable de restricciones a la libertad religiosa; casos de abortos forzados y esterilizaciones forzadas; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; la prohibición de sindicatos independientes y restricciones sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores; y la significativa presencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.
El informe del Departamento de Estado concluyó que “el gobierno no tomó medidas creíbles para identificar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.
Las autoridades comunistas chinas mantuvieron un férreo control sobre todos los medios impresos, audiovisuales, electrónicos y sociales, y los utilizaron regularmente para difundir las opiniones del gobierno y la ideología del Partido Comunista Chino.
También censuraron y manipularon la prensa, las redes sociales e Internet, especialmente en relación con aniversarios y temas delicados como la salud pública. Quienes hicieron comentarios considerados políticamente sensibles en discursos públicos, presentaciones, exposiciones, debates académicos o declaraciones a los medios de comunicación, o publicaron comentarios sensibles en línea, fueron objeto de medidas punitivas, al igual que sus familiares.
Además, el alto nivel de vigilancia electrónica en espacios públicos, sumado al traslado de las interacciones cotidianas de muchos ciudadanos al espacio digital, fuertemente vigilado, significó que el gobierno monitoreó una parte significativa de la vida cotidiana. Las conversaciones en grupos o entre pares en redes sociales y aplicaciones de mensajería estuvieron sujetas a censura, vigilancia y medidas por parte de las autoridades. Estos acontecimientos erosionaron aún más la libertad de expresión.
Las autoridades arrestaron o detuvieron a innumerables ciudadanos por "difundir noticias falsas", "difusión ilegal de información" o "difundir rumores en línea".
Estas acusaciones abarcaban desde compartir opiniones políticas o promover el llamado extremismo religioso hasta compartir informes veraces sobre problemas de salud pública.
Estados Unidos apoya al pueblo chino en su lucha por defender sus derechos humanos fundamentales y insta a los gobernantes chinos a exigir responsabilidades a quienes los violan.
Foro